Hay que reconocer que no es extraño que la compra de una vivienda sobre plano y/o a través de la fórmula de cooperativa genere cierto temor con casos como el de PSV en los noventa o la imágenes en los medios de comunicación de cooperativistas en la calle reclamando sus viviendas tras años de espera o el dinero aportado a cuenta sin obtener su casa. Sin embargo, a pesar de la repercusión mediática lo cierto es que la regla general no es ni mucho menos esta, sino que los cooperativistas y compradores de vivienda sobre plano obtienen su vivienda a un precio “de coste”, más económico que en el mercado, y que en caso de que se produzca algún contratiempo cuentan con unas garantías derivadas de la Ley 57 del año 1968, alabada como modélica en la defensa de los consumidores por el Tribunal Supremo.

Al punto anterior se ha de añadir el hecho de que gracias a la doctrina de la sala primera del Tribunal Supremo, desde septiembre de 2013, proporciona al adquirente de vivienda mayor seguridad jurídica frente al promotor. Según la sentencia del TS, “se condenaba a la aseguradora a indemnizar por los anticipos. Consagró el derecho irrenunciable a favor de los adquirentes de la cobertura total de las cantidades entregadas a cuenta desde el primer momento. El Supremo había conseguido una gran definición y claridad en los derechos del adquirente de vivienda” (El País).

Lo cierto es que se vienen sucediendo las sentencias en las que se falla a favor de los socios de las cooperativas que han estado aportando su dinero para conseguir un piso que no se les llega a entregar. Entre las más recientes se encuentra la sentencia que condena “a dos multinacionales aseguradoras, HCC y Asefa, al pago de las cantidades que aportaron los cooperativistas, más los intereses” (Fuente: El País). La suma a la que deben hacer frente se calcula en cientos de millones de euros, y parte del coste lo deben asumir varias reaseguradoras.

Parece claro por tanto que, a pesar de las apariencias, la compra de vivienda sobre plano, en régimen de cooperativa -o en cualquier otra fórmula- cuenta con las garantías legales para obtener nuestra vivienda o recuperar en caso contrario la inversión realizada.